La presidencia del general Otto Pérez Molina ya es pasado. Tras una desesperada lucha por aferrarse al poder, el mandatario guatemalteco ha presentado esta madrugada su renuncia acosado por un imparable escándalo de corrupción. Sus enfebrecidos intentos para evitar su procesamiento, pese a las evidencias de que participó en una gigantesca red de fraude aduanero, chocaron con un bastión aún más poderoso: el repudio ciudadano. Una primavera popular que forzó al Congreso a retirarle la inmunidad y dar vía libre a la orden de captura dictada por un juez. Con su caída, a tres días de las elecciones presidenciales, Guatemala respira mejor y pone punto final al mandato de un hombre que pasará a la historia por haber situado a un país entero en su contra.
Durante las últimas semanas, en un forcejeo insólito, el antiguo general de brigada ha dado la espalda al enorme clamor que sacude a la nación centroamericana, a las peticiones de la Fiscalía y la Comisión Internacional contra la Impunidad, y hasta a los ruegos de la Iglesia católica. No le ha importado que la Corte Suprema avalará su juicio político, que su vicepresidenta fuese encarcelada o que seis ministros abandonasen su gabinete espantados por la podredumbre. A fuerza de mantenerse desesperadamente en el cargo, Molina, de 64 años, arrastró a Guatemala a la mayor crisis política en décadas y se convirtió, con un 88% de rechazo en las encuestas, en el presidente más repudiado de su historia democrática. “Su desafuero fue un golpe a la impunidad, pero también a la ceguera y terquedad del presidente”, señala el analista Manfredo Marroquín.
El torbellino ha tenido como punto de partida la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG). Las investigaciones de este organismo independiente, una suerte de fiscalía especial creada en 2006 con apoyo de la ONU, han quebrado el espinazo a un buen número de estructuras mafiosas incrustadas en el aparato estatal. Uno de los últimos escándalos correspondió al Instituto Guatemalteco de la Seguridad Social, donde las autoridades, previamente sobornadas, adjudicaron los tratamientos de hemodiálisis a una empresa que incumplía los requisitos. El resultado fueron una veintena de muertos y más de un centenar de afectados graves. Toda la cúpula del organismo público fue detenida, incluido el presidente del banco central de Guatemala. A esta sacudida le acompañó otra aún mayor en los servicios aduaneros. El CICIG y la Fiscalía destaparon en abril una gigantesca estructura paralela, conocida como La Línea, que, a cambio de fuertes pagos, permitía importar bienes burlando el pago de impuestos. Poco a poco emergió que a la cabeza de la trama se encontraban, según los investigadores, la vicepresidenta y antigua aspirante a Miss Guatemala, Roxana Baldetti, y por encima, el propio presidente. La bomba había estallado.
Bajo una enorme presión popular, la vicepresidenta renunció, y la semana pasada ingresó en prisión por cohecho, fraude y estafa. Pero su encarcelamiento no logró aplacar la indignación ciudadana. Faltaba Pérez Molina. Su figura, amarrada al mástil del poder, sufrió una erosión acelerada. En esta deriva, el presidente que un día se presentó como el hombre destinado a salvar un Estado fallido, se convirtió en su principal quebradero de cabeza. Había quemado todo su crédito. A su alrededor ya sólo revoloteaban los espectros de la corrupción y lo que es peor, de los años del genocidio, cuando bajo el nombre de mayor Tito Arias, dirigía un destacamento en el salvaje triángulo Ixil, en la provincia de Quiché. El presidente, a la vista de todo un país, era el hombre a derribar. El Congreso, el miércoles pasado, no hizo más que darle la puntilla. Luego siguió su orden de captura y ya de noche su carta de renuncia dirigida al presidente del Congreso. Por la mañana, el general se dirigió al juzgado a prestar declaración. La posibilidad de que fuera encarcelado estaba sobre la mesa. Sentado en el banquillo, con gesto duro, escuchaba las grabaciones telefónicas presentadas como prueba incriminatoria contra él. La sesión, transmitida al país por televisión, era la demostración de una victoria, la de una ciudadanía indignada.
Los efectos de su derrota aún están por evaluar. Mientras el Ejército, esa eterna espada que pende sobre Guatemala, ha guardado silencio sobre su antiguo compañero de armas, en la calle se respiran momentos históricos. El movimiento de protesta, entroncado genéticamente con las revoluciones juveniles que han sacudido otros puntos del planeta, festeja como un triunfo la caída del presidente. “La gente se ha dado cuenta de que tiene derechos y puede exigir”, explica el analista Héctor Rosada.
En este ambiente, incluso las desprestigiadas elecciones presidenciales del domingo han recobrado interés. En un país con un 25% de la población en pobreza extrema y una tasa de homicidios 50 veces superior a la española, se vuelve a vislumbrar un hálito de esperanza.“Pero el descontento va más allá del presidente. La oferta electoral es débil y la protesta se puede reactivar en cualquier momento”, indica Marroquín.
Los próximos capítulos de la historia son una incógnita. Los expertos consideran segura la apertura de juicio contra Molina. Y las elecciones del domingo, en primera vuelta, darán los nombres de sus posibles sucesores. La toma de poder no se materializará hasta el 14 de enero de 2016. Entretanto, el mando recaerá interinamente en el actual vicepresidente, Alejandro Maldonado, que ayer por la tarde prestó juramento ante el Congreso. A corto plazo, se abrirá un periodo de inestabilidad. Pero sea cual sea el desenlace del interinato, la caída de Pérez Molina ya no tiene vuelta atrás. Guatemala, en un gesto histórico, ha derribado a su propio presidente. Una nueva etapa se ha abierto.
