中南米情報

日本にはあまり伝えられないラテン・アメリカ諸国の国内情勢を探ります。

OAS、ドミニカとハイチに対話を要請。無国籍者の追放問題で

 

 米州機構(OAS)はドミニカ共和国とハイチが、ハイチ生まれのドミニカ人の国籍の規制をめぐる争いで、対話をすることを歓迎している。国際界では、この規制のために数千人が国籍を失うようになるのではないかと懸念しているのである。

 OASの事務総長のルイス・アルマグロ氏が29日に発表した報告書では、両国が会合を開き、「両国の間の対話を促進すること」を勧告している。OASAは両国の対話の「促進者」の役割をつとめるとされており、ハイチのOAS代表のボッキート・エドモンド氏は、ハイチ政府はこの勧告をただちに受け入れると発表した。ただしゴミニカ共和国のペドロ・ベルゲス代表はもっと慎重な姿勢をみせ、報告書の勧告と指摘について、政府は「詳細に」検討すると語っただけである。


 一方で国連の「アフリカ系の人々についての専門家作業グループ」では、OASほど控え目な姿勢は示さず、ドミニカ共和国政府にたいして、「恣意的な国外追放を阻止し、ハイチ生まれの人物の国外追放の際に人種差別という非難が行われないようにする措置をとること」を求めている。


 国連のデータによると、19,000名の人々が6月17日以降に、ハイチに入国するためにドミニカ共和国から出国しているという。「これは8月から正式に国外追放が始まると、権利が剥奪される可能性があることを懸念しているためである」という。

 なおこの問題については次の記事を参照されたい。

www.amnesty.or.jp

 

internacional.elpais.com

La OEA urge al diálogo entre República Dominicana y Haití

La OEAse ofrece como “facilitadora” de un encuentro necesario ante la disputa migratoria

 

Manifestación en Haití en solidaridad con los desplazados de R. Dominicana / JEAN JACQUES AUGUSTÍN (EFE)

La Organización de Estados Americanos (OEA) no ve más salida que el diálogo entre República Dominicana y Haití para encontrar una solución a la disputa a causa del proceso de regularización de ciudadanos dominicanos de origen haitiano, que la comunidad internacional teme pueda provocar miles de desplazamientos forzosos y hasta casos de apatridia. Así lo establece el informe presentado este miércoles por el secretario general de la OEA, Luis Almagro, tras la visita que realizó una misión del organismo a los dos países a comienzos de mes para evaluar la situación que ha provocado fuertes tensiones entre Santo Domingo y Puerto Príncipe.

La OEA recomienda “facilitar el diálogo entre ambos países” con la celebración de un encuentro bilateral “en el lugar más apropiado y aceptado por ambas partes”. El organismo hemisférico se propone como “facilitador” de dicho diálogo, que el representante de Haití ante la OEA, Bocchit Edmond, dijo que su Gobierno aceptaba de inmediato. Más cauto se mostró el embajador dominicano, Pedro Vergés, quien solo prometió que Santo Domingo estudiará “a fondo” tanto las recomendaciones como las observaciones del informe para pronunciarse “en el futuro inmediato” sobre las mismas.

El informe está elaborado con un lenguaje muy cuidadoso y evita conscientemente dar cifras sobre desplazados -forzosos o no-, argumentando que “es difícil confirmarlas en este momento”, algo en que coinciden organizaciones no gubernamentales que también siguen la situación de cerca.Publicidad

Pese a ello, la OEA reconoce que “existen personas en riesgo de no contar con ninguna nacionalidad reconocida” a causa de la legislación dominicana y que se están dando “desplazamientos de poblaciones que sobreviven en condiciones precarias”.

Menos cautelosa ha sido la ONU, cuyo Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescencientes exhortó el martes al Gobierno dominicano a tomar medidas para “impedir las deportaciones arbitrarias y adoptar mecanismos para atender las acusaciones de racismo durante las deportaciones de personas de origen haitiano”.

Según sus datos, alrededor de 19.000 personas han dejado República Dominicana para ingresar en Haití desde el 17 de junio, “ante el temor de que se produzcan posibles violaciones de sus derechos cuando las deportaciones comiencen oficialmente en agosto”.

El 17 de junio expiró el plazo de registro para el Plan Nacional para Regularización de Extranjeros, una especie de parche legal creado tras el revuelo por una sentencia del Tribunal Constitucional dominicano que en 2013 privó de forma retroactiva a más de 200.000 nacidos en el país de padres migrantes entre 1929 y 2010. Sin embargo, ante la renovada preocupación internacional por posibles desplazados forzosos -que República Dominicana niega, afirmando que se van de forma voluntaria, y que Haití dice que no tiene capacidad de acoger salvo que demuestren su nacionalidad haitiana- se extendió un plazo de gracia para el plan regularizador que acaba ahora en agosto.

“Nadie debería ser deportado si existen razones legales y válidas para permanecer”, dijo presidenta del panel de la ONU, Mireille Fanon Mendes-France, el martes en Ginebra. “La República Dominicana no puede violar ni las normas internacionales, ni los mecanismos de protección del sistema Interamericano de Derechos Humanos, y, especialmente, no puede violar su propia Constitución”, enfatizó la experta.

La preocupación es compartida por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que a finales de 2013 realizó una visita “in loco” a República Dominicana y documentó numerosas denuncias por la negación de documentos a dominicanos de origen haitiano. “Para la CIDH es muy importante que no se genere una condición de expulsión que pudiera llevar a un escenario de apatridia, de personas no recibidas por Haití y no reconocidas por República Dominicana”, dijo su secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza, a periodistas tras la sesión de la oEA. “Ese sería para la CIDH un escenario de gran preocupación”, subrayó.